Decretan más de 51 hectáreas del Cerro de la Reina como Área Natural Protegida y Espacio Biocultural de la Comunidad Indígena Nahua de Tonalá
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Es el primero decreto en Jalisco con esta naturaleza
Texto: Comunidad indígena de Tonalá Jalisco
Fotografías: MCA - Comunidad indígena de Tonalá Jalisco
26 de marzo de 2025
La comunidad indígena nahua de Tonalá estableció un nuevo hito en la historia de la conservación del patrimonio natural y cultural de Jalisco. Las autoridades de la comunidad firmaron y sellaron el decreto que declara al Cerro de la Reina como “Área Natural Protegida y Espacio Biocultural”, avalando así el deseo de proteger dicho espacio.
Este decreto, el primero en su tipo, fue firmado como testigos de honor por el doctor Eduardo Santana Castellón, director del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, las diputadas locales Mariana Casillas Guerrero y Valeria Ávila Gutiérrez y la diputada federal Claudia García Hernández, en un evento que se realizó en el contexto del 25 de marzo, día en que se recuerda la invasión de los españoles y como reivindicación de la figura de la mujer gobernante Cihualpilli Tzapotzintli.
El pasado 23 de enero, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Jalisco emitió una sentencia en la que se reconoce el derecho de la comunidad a ser consultada de manera libre, previa e informada respecto al territorio que abarca el Cerro de la Reina, considerado parte de su territorio sagrado. Con este decreto se consolida el posicionamiento de la comunidad en su prolongada lucha por la defensa del Cerro de la Reina, en procesos futuros en los que se requiera la consulta previa, libre e informada de la comunidad.
Aunque la tenencia de la tierra del área decretada por la comunidad indígena no es comunal, sino estatal, municipal y privada, ya existen antecedentes jurídicos en los que los juzgados han limitado el uso y el usufructo de un territorio al demostrarse su valor religioso e histórico para una comunidad indígena. Un ejemplo de ello es la sentencia definitiva 596/2008, en la que se obligó al gobierno del Estado de Jalisco a restaurar el sitio sagrado conocido como Paso del Oso, destruido para la construcción ilegal de una carretera en el ejido de Tenzompa, fuera del territorio de la comunidad indígena de Santa Catarina, Cuexcomatitlán. Otro ejemplo es el amparo 819/2011, mediante el cual, desde 2012, se ha mantenido la suspensión de actividades mineras en una superficie de más de 140,000 hectáreas, donde se ubica la región sagrada de Wirikuta, en el desierto chihuahuense.
Es importante dimensionar que la “Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios”, en su artículo 57, establece que: “La planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas que la Secretaría o los entes públicos pretendan realizar en territorio indígena, o aquéllas cuya realización pueda afectar directamente a las comunidades indígenas u originarias, al tener un impacto sobre sus derechos o sus intereses, deberá estar sujeta a los principios de consulta y consentimiento expreso, previo a cualquier ejecución de trabajos o servicios relacionados, que tengan injerencia con su esfera territorial”. El Museo de Ciencias Ambientales también participó en la restauración del El Paso del Oso y en la redacción de Ley de obra pública sobre los derechos de los pueblos originarios de ser consultados para obras gubernamentales en su territorio. Un análisis similar, se realizó desde el Museo sobre los derechos de las comunidades Coca y Wixarika para ser consultados para cualquier obra que afecte la calidad y el volumen de agua del lago de Chapala dónde tienen territorios y sitios sagrados (ver publicación). En este sentido, el decreto promulgado hoy por la comunidad indígena de Tonalá tiene efectos que todas las autoridades deben considerar.
Es simbólico que se decrete hoy, 25 de marzo, ya que la comunidad nahua de Tonalá honra la memoria de sus ancestros, quienes lucharon contra el invasor Nuño de Guzmán. “En este día se recuerda no solo el dolor de la imposición y la violencia que sufrieron nuestras abuelas y abuelos hace 495 años, sino también la fuerza inquebrantable de un pueblo que, a pesar de la adversidad y el despojo, ha mantenido viva su identidad, su cultura y su cosmovisión. La historia de Tonalá es una historia de lucha, de dignidad y de memoria que se rehúsa a ser silenciada. Hoy, como ayer, la resistencia sigue siendo un acto de honor y de justicia”, establece el decreto.