Cada vez se observa y se escucha de manera más frecuente sobre los efectos nocivos de la crisis climática, que se manifiesta en la degradación de los ecosistemas, la escasez de agua y la contaminación, entre otros aspectos. Esta crisis, generada por el uso excesivo de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón), ha implicado el reconocimiento de los gobiernos a nivel global sobre la necesidad de reformular las formas en la que producimos y consumimos energía. Por lo que se ha planteado como solución transitar de un modelo basado en recursos fósiles a energías menos contaminantes, como la solar, eólica y geotérmica. A pesar de este reconocimiento, es pertinente preguntar: ¿Realmente existe una transición? ¿Qué tan democrático es y quiénes la controlan? ¿Cómo repensar la democratización de la energía?

Respondiendo a la primera pregunta, si bien es cierto que las estadísticas a nivel global muestran un crecimiento de las energías renovables, esto no ha representado una disminución en el uso de combustibles fósiles, por lo que, más que caminar hacia una transición, se ha establecido una adición energética que agudiza la crisis climática.

Respecto a la segunda pregunta, esta adición energética se ha caracterizado por tener un importante control y presencia de corporaciones energéticas, como Iberdrola, Enel Green Power, Siemens y TotalEnergies, etc. El predominio de las corporaciones y su influencia en las políticas energéticas nacionales, si bien han contribuido para la construcción de infraestructura energética, tienen como principales objetivos la obtención de ganancias, que no encajan en aspectos como la reducción de la pobreza energética o los intereses de las comunidades. En tanto, los Estados nacionales -ejemplificando el caso de México-, bajo la consigna de la soberanía nacional y la seguridad energética, han establecido una disputa por el control del sector a través del fortalecimiento de CFE y PEMEX, lo que ha permitido una mayor participación del Estado en el mercado energético. Aunque esta disputa no carece de contradicciones y argumentos dignos de ser analizados, el debate energético se ha reducido entre la liberalización de los mercados o la rectoría del Estado, invisibilizando a otros sectores sociales.

En este sentido, la tercera pregunta remite a la necesidad de romper con la centralización en la toma de decisiones entre empresas y gobiernos, para así desarrollar políticas basadas en la consulta y propuestas de la sociedad en los planes energéticos. Además, es importante promover y garantizar el financiamiento y la capacitación para impulsar proyectos de energía comunitaria o cooperativas energéticas. A esto se suma la importancia de fortalecer iniciativas vecinales basadas en la creación de infraestructura urbana que no sólo atienda las necesidades energéticas, sino que también contribuya a la cohesión social. Repensar la democratización de la energía implica la politización de la sociedad ante los desafíos climáticos en la era del Antropoceno y la construcción de alternativas de vida asociadas al autoempleo y la consolidación de una ciudadanía que va más allá de ser el consumidor pasivo, para convertirse en agente activo.